Los defensores de los derechos humanos piden al presidente Biden que acelere las reformas para proteger a los migrantes.
Más de una treintena de organizaciones de migrantes llaman a la unidad: “La amenaza de deportación no es una promesa de campaña”.
La batalla contra las medidas opresivas que apruebe la nueva administración se librará en los tribunales, para lo que los servicios legales ya se están preparando, como en el caso de Arizona. El Estado fronterizo aprobó en los comicios una propuesta para autorizar a la policía a detener a los migrantes indocumentados.
“Lucharemos contra la agenda de deportaciones masivas de Trump en cada paso del camino. Trabajaremos con los aliados en la legislatura y emprenderemos acciones legales para defender a las familias inmigrantes de Arizona”, afirmó Karime Rodríguez, directora de servicios de Living United for Change in Arizona (LUCHA).
Mientras se preparan para las contiendas legales que puedan llegar, estos grupos están apelando a las organizaciones civiles, como sindicatos, empresas y universidades para que se unan en la protección de los migrantes. A su vez, se están dirigiendo a las autoridades locales y estatales para que aprueben con celeridad medidas que aumente su protección.
Sin el apoyo de las autoridades, reconocen, el margen de maniobra es pequeño. “La ventana dentro de la cual podemos tomar medidas es corta, y debemos trabajar juntos para llegar hasta el Congreso y la presidencia y asegurarnos de que haya resultados. Mientras tanto, hacemos un llamado a la acción a nuestros afiliados para que se protejan”, señaló Mireya Reith, codirectora de FIRM (Movimiento de Reforma Inmigratoria Justa).
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